El Perú acaba de tomar una decisión que revela una de las tensiones más complejas de toda política económica: cuándo intervenir para salvar un sector sin poner en riesgo las finanzas públicas.
Esta semana, el Gobierno de José María Balcázar aprobó medidas extraordinarias para enfrentar la crisis que golpea a productores agrícolas y transportistas, dos sectores estratégicos para la estabilidad económica y social del país. Entre las acciones más relevantes destacan subsidios temporales al diésel para el transporte y la asignación de recursos para la compra directa de arroz producido por agricultores familiares.
La decisión no es menor. Durante años, el discurso económico peruano estuvo basado en una lógica de mercado con mínima intervención estatal. Sin embargo, la realidad actual presenta un escenario distinto: costos de producción elevados, presión internacional sobre los precios, fenómenos climáticos recurrentes y una desaceleración económica que golpea especialmente a las economías regionales.
El problema es que cada subsidio genera una pregunta incómoda: ¿se trata de una solución temporal o del inicio de una dependencia permanente? La experiencia latinoamericana demuestra que muchas ayudas nacen como medidas de emergencia y terminan convirtiéndose en obligaciones fiscales difíciles de retirar.
Pero también existe otro riesgo. Cuando el Estado se mantiene inmóvil frente a una crisis productiva, el costo social puede ser mucho más alto. Menos producción agrícola significa menor oferta de alimentos, mayores precios para las familias y más pobreza rural. Lo mismo ocurre con el transporte, cuya paralización afecta directamente la cadena económica nacional.
Por eso el debate no debería centrarse únicamente en cuánto dinero se gasta, sino en qué resultados concretos produce ese gasto. La verdadera evaluación deberá realizarse dentro de algunos meses: verificar si estas medidas lograron sostener la producción, proteger empleos y evitar mayores presiones inflacionarias.
En paralelo, el Ministerio de Economía y Finanzas también confirmó que trabaja en un crédito suplementario para incorporar recursos destinados principalmente a proyectos públicos próximos a culminarse, buscando acelerar el cierre de brechas de infraestructura y servicios.
La señal política es clara: el Estado peruano está transitando hacia una etapa de mayor intervención económica selectiva. La pregunta de fondo ya no es si debe intervenir, sino si tendrá la capacidad técnica y la disciplina fiscal para hacerlo sin comprometer el futuro.
Porque en economía, tan peligroso puede ser gastar demasiado como llegar demasiado tarde.