Durante décadas, las lluvias intensas han sido vistas en el Perú como fenómenos inevitables cuyos impactos debían afrontarse cuando ya era demasiado tarde. Calles convertidas en ríos, viviendas inundadas, interrupción de servicios básicos y pérdidas económicas millonarias han sido parte de una realidad recurrente en muchas ciudades del país. Sin embargo, una nueva visión comienza a abrirse paso: la prevención como eje central del desarrollo urbano.
La reciente aprobación del Reglamento de la Ley General de Drenaje Pluvial marca un paso trascendental hacia esa transformación. A través del Decreto Supremo N.° 009-2026-VIVIENDA, el Estado peruano actualiza el marco normativo que regula la planificación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura destinada al manejo de las aguas de lluvia, alineándola con los desafíos del cambio climático y el crecimiento acelerado de las ciudades.
La importancia de esta medida radica en que ya no se trata únicamente de construir canales o alcantarillas para evacuar agua. El nuevo reglamento introduce un enfoque moderno e integral que combina infraestructura gris, verde y azul, incorporando soluciones sostenibles capaces de reducir riesgos, proteger ecosistemas y aprovechar el agua de lluvia como un recurso valioso para la seguridad hídrica.
Uno de los avances más relevantes es la obligación de incorporar sistemas de drenaje pluvial en zonas urbanas, áreas de expansión urbana y nuevas habilitaciones. Esto significa que el crecimiento de las ciudades deberá considerar desde el inicio mecanismos para gestionar adecuadamente las precipitaciones, evitando que los problemas se trasladen a las futuras generaciones.
Asimismo, la norma exige que los proyectos públicos ubicados en zonas vulnerables a inundaciones incluyan criterios de drenaje pluvial desde la etapa de preinversión. Esta disposición representa un cambio de paradigma: en lugar de reparar daños después de una emergencia, se apuesta por anticipar riesgos y optimizar el uso de los recursos públicos.
Otro aspecto innovador es la creación del Plan Nacional de Drenaje Pluvial (Drena+) y de los Planes Integrales de Drenaje Pluvial (PIDP), herramientas que permitirán priorizar inversiones estratégicas y cerrar brechas históricas de infraestructura. Del mismo modo, el Sistema de Información de Drenaje Pluvial (Sidrena) facilitará el monitoreo y la gestión de datos para una toma de decisiones más eficiente y basada en evidencia.
Pero quizá el mensaje más importante detrás de esta normativa es que la resiliencia urbana ya no puede considerarse un lujo ni una aspiración futura. Hoy constituye una necesidad impostergable. El cambio climático está intensificando eventos extremos en diversas regiones del país, y las ciudades que no se adapten enfrentarán costos sociales, económicos y ambientales cada vez mayores.
La aprobación de este reglamento demuestra que es posible pasar de una gestión reactiva a una gestión preventiva. Es una señal de que el Perú comienza a entender que la infraestructura no solo debe construirse para responder a las necesidades del presente, sino también para proteger a las generaciones futuras.
Las lluvias seguirán llegando. La diferencia será que nuestras ciudades estén mejor preparadas para recibirlas. Y cuando la prevención se convierte en política pública, la seguridad de la población deja de depender de la suerte y pasa a depender de la planificación.