La reciente normativa emitida por el régimen talibán en Afganistán no representa únicamente una modificación jurídica sobre el matrimonio y el divorcio. Representa, en términos políticos y antropológicos, la consolidación de un modelo de poder que convierte el cuerpo femenino en un territorio de control ideológico. Bajo el argumento de una interpretación estricta de la ley islámica, el gobierno de facto ha abierto la puerta a la validación legal de matrimonios infantiles y, aún más grave, ha establecido que el silencio de una menor puede interpretarse como consentimiento matrimonial.
El denominado Decreto N.º 18, publicado por el Ministerio de Justicia afgano, regula la “separación judicial entre cónyuges” y contiene disposiciones que permiten reconocer como válidos matrimonios concertados por familiares incluso cuando las niñas aún no alcanzan la mayoría de edad. Según la normativa, una menor podría solicitar la anulación del matrimonio al llegar a la pubertad, pero dicha separación dependería de una resolución judicial y, en determinados casos, de la oposición o aceptación del esposo.
En la práctica, esto instala un sistema donde la capacidad de decisión de las niñas queda subordinada a estructuras patriarcales, religiosas y judiciales dominadas por hombres. La polémica internacional no se centra únicamente en la edad de las menores —que bajo algunas interpretaciones del derecho hanafí puede situarse desde los nueve años— sino en la legitimación estatal de una relación profundamente desigual.
La reacción de Naciones Unidas fue inmediata. La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) expresó su “grave preocupación” y advirtió que la normativa refuerza la discriminación sistemática contra mujeres y niñas, además de vulnerar el principio universal de consentimiento libre y pleno.
Sin embargo, el trasfondo del problema excede el ámbito jurídico. Afganistán vive desde 2021 un proceso acelerado de desinstitucionalización de los derechos femeninos. Las mujeres fueron expulsadas progresivamente de universidades, espacios laborales, medios de comunicación y organismos públicos. El nuevo decreto aparece como parte de una arquitectura política más amplia: la reconstrucción de un emirato donde la autoridad masculina no solo gobierna el espacio público, sino también la intimidad familiar.
Diversos informes de activistas afganas y organismos internacionales alertan que la prohibición de educación para niñas mayores de 11 años incrementó drásticamente los matrimonios forzados y tempranos. Para miles de familias empobrecidas por la crisis humanitaria, casar a sus hijas se convirtió en un mecanismo de supervivencia económica y protección social. El matrimonio infantil dejó de ser únicamente una práctica cultural marginal para transformarse en una válvula estructural dentro del nuevo orden talibán.
El régimen defiende la medida afirmando que se ajusta a los principios islámicos y rechaza las críticas occidentales como ataques ideológicos contra la religión. No obstante, incluso dentro del mundo musulmán existen interpretaciones jurídicas que condenan el matrimonio infantil y priorizan el consentimiento explícito de la mujer. El debate, por tanto, no es entre Islam y Occidente; es entre autoritarismo teocrático y derechos humanos universales.
Lo verdaderamente inquietante es la dimensión simbólica del decreto. Convertir el silencio de una niña en consentimiento legal implica normalizar la ausencia de voz femenina como principio político. En otras palabras, el Estado no solo administra cuerpos: administra silencios. Y cuando un sistema jurídico aprende a interpretar el miedo, la dependencia o la imposibilidad de hablar como aceptación legítima, el derecho deja de ser garantía de protección para convertirse en herramienta de dominación.
Afganistán se encuentra hoy ante una de las regresiones más profundas en materia de derechos humanos del siglo XXI. Mientras la comunidad internacional debate sanciones, reconocimiento diplomático y estabilidad regional, millones de niñas afganas crecen bajo un modelo que les niega educación, autonomía y capacidad de decisión sobre sus propias vidas.
La pregunta ya no es únicamente qué hará el régimen talibán. La verdadera interrogante es cuánto tiempo más el mundo seguirá observando esta realidad como un problema geopolítico distante y no como una emergencia moral global.