La Ley Chlimper 2.0, también conocida como la “nueva Ley Agraria”, fue aprobada en el Congreso del Perú y está orientada a otorgar beneficios tributarios y modificaciones en el manejo del agua en el sector agroexportador.
Principales medidas:
Reducción del Impuesto a la Renta (IR): las grandes agroexportadoras pasarán a pagar una tasa del 15 % (en lugar del 29.5 %) entre 2026 y 2035, con retorno a la tasa general recién en 2036. Esto implicaría un costo fiscal acumulado de más de S/ 20 mil millones.
Reducción fiscal significativa:
El MEF estima un impacto anual cercano a S/ 1,880 millones.
Pequeños productores: se establece un régimen escalonado según ingresos (medidos en UIT), con tasas que van desde exoneración hasta 1.5 % sobre el excedente, y luego tributación estándar para quienes superen cierto umbral.
Modificaciones en la regulación del agua:
se permite que las juntas de riego privadamente “transaccionen” o traspasen el agua ahorrada a terceros sin supervisión técnica de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), lo que ha sido calificado como una puerta abierta al tráfico o mercantilización del recurso hídrico.
Empresas beneficiadas.
El principal reporte del MEF identifica a un grupo de empresas que se verán directamente favorecidas:
-Camposol
-Complejo Agroindustrial Beta
-Danper Trujillo
-Agrícola Cerro Prieto
-Sociedad Agrícola Drokasa
-Ecosac Agrícola
-Agrovisión Perú
Además, del sector vitivinícola: Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero.
Controversias y reacciones
Impacto fiscal y críticas financieras: el FMI advirtió que la medida costaría al país alrededor del 0.2 % del PIB anual, afectando la credibilidad fiscal. Además, economistas y analistas como Fernando Cuadros y Waldo Mendoza cuestionan la justificación técnica, dado el fuerte crecimiento de utilidades del sector.
Derechos laborales y capacidad de fiscalización: FENTAGRO (Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines) convocó a un paro nacional este 21 de agosto, denunciando que la ley sería “el proyecto más regresivo en materia laboral desde los noventa”, al reducir severamente la capacidad de SUNAFIL para fiscalizar grandes empresas.
Riesgos sobre los recursos hídricos: CEPES alertó que la norma “legaliza el tráfico de aguas”, debilitando la gestión pública y favoreciendo la especulación en torno al agua, un recurso vital declarado patrimonio de la nación.
EN CONCLUSION
La Ley Chlimper 2.0 representa una política fiscal agresiva con un enfoque en incentivar la agroexportación, pero que ha provocado fuerte rechazo y preocupación por:
Su elevado costo fiscal,
El debilitamiento institucional de control laboral e hídrico,
La percepción de favorecer a grandes empresas mientras se desatienden las necesidades de los pequeños productores y trabajadores del campo.