El debate presidencial de segunda vuelta dejó al descubierto algo más profundo que un simple intercambio de propuestas: la confrontación entre dos visiones opuestas sobre el rumbo que debe tomar el Perú en medio de una de las mayores crisis de confianza institucional de las últimas décadas.
Desde la tribuna de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez construyó un discurso centrado en la defensa de la democracia, los derechos humanos y la reforma del Estado. Su mensaje estuvo marcado por una fuerte crítica al fujimorismo, al que responsabilizó de haber debilitado instituciones fundamentales del sistema de justicia y de promover normas que, según su posición, favorecieron la impunidad y el avance del crimen organizado.
Sánchez prometió la derogación de leyes cuestionadas por diversos sectores jurídicos, la búsqueda de justicia para las víctimas de las protestas ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte, el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva y la permanencia del Perú dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, planteó recuperar mecanismos de participación ciudadana como el referéndum y avanzar hacia un Estado intercultural con mayor representación de los pueblos históricamente excluidos.
En el plano económico y social, propuso una reforma tributaria orientada a incrementar la recaudación fiscal para fortalecer programas como Beca 18, mejorar la infraestructura educativa y ampliar la cobertura de salud pública, defendiendo la idea de que servicios esenciales como la educación y la salud no deben estar subordinados únicamente a la lógica del mercado.
Por su parte, Keiko Fujimori enfocó su estrategia en posicionarse como la candidata del orden, la seguridad y la estabilidad económica. Su narrativa estuvo dirigida a capitalizar el temor ciudadano frente al incremento de la criminalidad, las extorsiones y la percepción de debilitamiento de la autoridad estatal.
La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que el país enfrenta una disyuntiva entre mantener la estabilidad o regresar a fórmulas políticas que, según afirmó, ya demostraron su fracaso en 2021. En ese contexto, defendió una política de respaldo a las fuerzas del orden, cuestionó lo que considera una visión parcial de los derechos humanos y sostuvo que estos también deben expresarse en resultados concretos para la población, como acceso al agua potable, servicios básicos y títulos de propiedad.
Dentro de sus principales propuestas destacó la reactivación de programas sociales emblemáticos como PRONAA y FONCODES, además de redireccionar recursos estatales destinados a empresas públicas deficitarias hacia programas educativos como Beca 18. Su planteamiento económico mantuvo una línea de continuidad con el modelo de libre mercado, acompañado de incentivos a la inversión privada y generación de empleo.
Más allá de las diferencias ideológicas, el debate reflejó una realidad ineludible: ambos candidatos apelan a sentimientos profundamente arraigados en el electorado. Mientras Sánchez busca movilizar el rechazo al fujimorismo y la demanda de cambios estructurales, Fujimori intenta canalizar el cansancio frente a la inseguridad, la inestabilidad política y la incertidumbre económica.
La elección ya no gira únicamente en torno a propuestas técnicas. Se ha convertido en una disputa simbólica sobre cómo interpretar los últimos años de crisis nacional. Para unos, el desafío es impedir el retorno de un modelo político asociado al autoritarismo y la concentración de poder; para otros, evitar un nuevo ciclo de confrontación institucional y experimentación política.
A una semana de las urnas, el Perú vuelve a encontrarse frente a una decisión que trasciende a los candidatos: definir qué tipo de estabilidad, qué tipo de democracia y qué tipo de Estado desea construir en los próximos años.