El anuncio de elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1.130 a S/1.300 vuelve a colocar el salario mínimo en el centro del debate económico peruano. La medida, anunciada por la presidenta Keiko Fujimori durante su primer Mensaje a la Nación, representa un incremento de S/170, equivalente a aproximadamente 15 % sobre la remuneración actualmente vigente.
Pero la noticia trae ahora una precisión importante: el aumento no se aplicaría de golpe.
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que el incremento se ejecutaría en dos etapas: un primer aumento de S/100 y posteriormente otro de S/70, hasta completar los S/1.300. Según explicó, la gradualidad busca evitar que un incremento inmediato genere presiones sobre los precios y sobre los costos de las micro y pequeñas empresas.
La diferencia parece sencilla, pero económicamente no lo es.
Actualmente, la RMV se encuentra en S/1.130, monto establecido desde el 1 de enero de 2025, cuando el Ejecutivo de entonces aprobó un incremento de S/105 respecto de los S/1.025 anteriores. El Banco Central de Reserva registra la RMV en S/1.130 durante 2025 y 2026.
Por eso, llevarla a S/1.300 significaría otorgar al trabajador que percibe el mínimo S/170 adicionales al mes. Para una familia que depende de cada sol para comprar alimentos, pagar transporte, servicios o educación, ese incremento no es un dato estadístico: representa capacidad de consumo.
Sin embargo, aumentar el salario mínimo también tiene otra cara.
El costo laboral no está compuesto únicamente por el sueldo que recibe directamente el trabajador. La RMV sirve además como referencia para determinados conceptos laborales y aportes. Por ejemplo, el incremento de 2025 produjo variaciones en la asignación familiar, aportes mínimos a EsSalud y ONP, remuneraciones vinculadas al trabajo nocturno y otros conceptos relacionados con la RMV.
Ahí aparece uno de los principales desafíos para el nuevo Gobierno: mejorar los ingresos de los trabajadores sin convertir el aumento del salario mínimo en una barrera adicional para la formalización laboral.
El problema es especialmente sensible en las micro y pequeñas empresas. Para una gran empresa, un incremento salarial puede representar una proporción relativamente manejable de sus costos. Para un pequeño negocio familiar, una bodega, un restaurante, un taller o una empresa agrícola con márgenes reducidos, el impacto puede ser mucho mayor.
Por eso, la decisión de aplicar el aumento en dos tramos puede entenderse como un intento de buscar un punto de equilibrio: primero mejorar el ingreso del trabajador y, al mismo tiempo, darle tiempo al sector privado para absorber el mayor costo laboral.
Pero hay una pregunta que todavía permanece abierta: ¿cuándo llegará cada aumento?
Hasta el momento, el propio ministro Elmer Cuba ha señalado que no existe una fecha definida para los dos incrementos. El tema deberá ser coordinado con el Ministerio de Trabajo y posteriormente discutido en el Consejo Nacional de Trabajo, donde participan representantes de trabajadores y empleadores.
Por ello, decir que el sueldo mínimo ya es de S/1.300 sería incorrecto. La RMV vigente continúa siendo S/1.130 hasta que el nuevo incremento sea formalmente aprobado y entre en vigencia. SUNAFIL mantiene esa referencia para las obligaciones de los empleadores.
Y aquí está la verdadera discusión.
El Perú no necesita únicamente salarios mínimos más altos. Necesita trabajos formales que puedan pagar mejores salarios.
Si el aumento se acompaña de mayor productividad, reducción de costos de formalización, acceso al crédito, capacitación, inversión y condiciones que permitan crecer a las pequeñas empresas, los S/1.300 pueden convertirse en una mejora real del poder adquisitivo.
Pero si el incremento salarial ocurre en una economía donde miles de pequeños negocios todavía luchan por sobrevivir, existe el riesgo de que algunos empleadores respondan reduciendo contrataciones, trasladando costos a precios o permaneciendo en la informalidad.
El reto, entonces, no consiste en elegir entre trabajador o empresa.
Consiste en construir una economía donde el trabajador pueda ganar más porque produce más y la empresa pueda pagar más porque tiene mejores condiciones para crecer.
Los S/1.300 pueden ser un paso importante. Pero el éxito de la medida no debería medirse solamente por cuánto aparece en la boleta de pago. Debería medirse por algo mucho más importante: cuántos trabajadores reciben ese salario de manera formal, cuántas familias mejoran realmente su poder adquisitivo y cuántas pequeñas empresas pueden seguir generando empleo sin desaparecer en el intento.
Porque aumentar el sueldo mínimo es una decisión política.
Hacer que ese aumento sea sostenible es una decisión económica.
Y ambas deben caminar juntas.