Las nuevas normas escolares en Perú abren un debate sobre la autoridad educativa, el uso de teléfonos celulares en los colegios y la protección de los derechos de los estudiantes. El Ministerio de Educación (Minedu) ha publicado el reglamento que desarrolla la regulación de dispositivos electrónicos y ha sometido a consulta pública un proyecto de nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar.
Más allá de las restricciones y las medidas correctivas, el desafío consiste en determinar cómo aplicar estas disposiciones sin vulnerar el derecho a la educación, la dignidad de los menores ni las garantías que deben orientar toda decisión institucional.
La discusión no se limita al comportamiento de los alumnos. También involucra la capacidad del Estado para establecer reglas claras, fortalecer la gestión educativa y garantizar que las instituciones actúen dentro del marco constitucional.
¿Qué dicen las nuevas normas escolares del Minedu?
El 3 de octubre de 2026 se publicó el Decreto Supremo N.º 018-2026-MINEDU, que aprueba el reglamento de la Ley N.º 32385, sobre el uso de teléfonos celulares en las instituciones y programas educativos de Educación Básica.
Posteriormente, el 12 de octubre de 2026, se publicó la Resolución Ministerial N.º 613-2026-MINEDU, que dispone la publicación de un proyecto de decreto supremo sobre los lineamientos para la gestión de la disciplina escolar, junto con su exposición de motivos.
Ambas disposiciones deben distinguirse jurídicamente. El decreto supremo contiene un reglamento aprobado y publicado, mientras que la resolución ministerial abre una etapa de consulta sobre una propuesta normativa. Por tanto, no corresponde presentar el proyecto de disciplina escolar como si ya fuera una norma definitiva.
Fuentes oficiales: Decreto Supremo N.º 018-2026-MINEDU | Resolución Ministerial N.º 613-2026-MINEDU.
Uso de celulares en los colegios: restricciones y excepciones
La regulación del uso de teléfonos celulares responde a una preocupación concreta del sistema educativo: preservar las condiciones necesarias para el aprendizaje y la convivencia escolar frente a las distracciones y los riesgos asociados al uso inadecuado de dispositivos electrónicos.
El reglamento establece restricciones durante las actividades educativas, pero contempla excepciones y condiciones para determinados usos pedagógicos, situaciones vinculadas con la salud y emergencias.
Su aplicación exige que las instituciones educativas definan procedimientos claros, informen a la comunidad escolar y adecúen sus reglamentos internos a las disposiciones vigentes.
El objetivo no debería reducirse a retirar dispositivos, sino a establecer condiciones que permitan desarrollar las actividades educativas con responsabilidad y seguridad. Para ello, también resulta relevante la educación digital de los estudiantes y la participación de las familias.
La eficacia de la medida dependerá de su aplicación coherente, de la capacidad de supervisión de las autoridades y de la existencia de criterios conocidos por docentes, directores y padres de familia.
Disciplina escolar y derechos de los estudiantes
La disciplina constituye un componente necesario de la gestión educativa. Permite establecer límites, prevenir conductas que afectan la convivencia y proteger el desarrollo de las actividades escolares. Sin embargo, la autoridad de los centros educativos no es ilimitada.
La Constitución Política del Perú y el marco de protección de niños y adolescentes exigen respetar derechos fundamentales como la educación, la dignidad y la igualdad, así como evitar actuaciones arbitrarias.
En consecuencia, las medidas correctivas deben guardar relación con la conducta observada y aplicarse de acuerdo con las normas pertinentes. La existencia de un reglamento interno no autoriza automáticamente cualquier sanción ni exime a la institución de justificar sus decisiones.
La autoridad escolar se fortalece cuando las reglas son claras, las consecuencias son previsibles y las decisiones pueden ser examinadas conforme a la ley.
Este principio es especialmente importante cuando una medida disciplinaria afecta la continuidad educativa, la participación del alumno en actividades escolares o su trato dentro de la comunidad educativa.
¿Qué ha señalado el Tribunal Constitucional sobre las sanciones escolares?
La jurisprudencia constitucional peruana ofrece antecedentes para analizar las controversias entre instituciones educativas y familias. No obstante, cada sentencia debe interpretarse de acuerdo con los hechos y las pretensiones examinados.
En la Sentencia 0298/2026, correspondiente al Expediente N.º 02163-2023-PA/TC, el Tribunal Constitucional declaró improcedente una demanda relacionada con un estudiante del colegio Los Reyes Rojos. La controversia comprendía cuestionamientos a medidas adoptadas por el colegio y a la exclusión del alumno de determinadas actividades y publicaciones de su promoción.
El Tribunal consideró que lo solicitado no se encontraba directamente referido al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados y que el estudiante había podido concluir sus estudios. La decisión no equivale a una autorización general para imponer expulsiones arbitrarias ni resuelve específicamente la nueva regulación sobre celulares.
Consulta: Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N.º 02163-2023-PA/TC.
Otro antecedente es la Sentencia 460/2023, correspondiente al Expediente N.º 00039-2022-PA/TC, que abordó una controversia relacionada con la no renovación de matrícula en Innova Schools y los derechos invocados por la familia del estudiante.
El análisis de estos casos permite advertir que los conflictos disciplinarios pueden adquirir relevancia constitucional, pero no toda discrepancia con una decisión escolar constituye, por sí misma, una vulneración de derechos fundamentales. El alcance de cada pronunciamiento debe establecerse a partir de su texto íntegro.
Consulta: Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N.º 00039-2022-PA/TC.
El proyecto de disciplina escolar: ¿por qué importa la consulta pública?
La Resolución Ministerial N.º 613-2026-MINEDU dispone publicar el proyecto de decreto supremo que aprobaría los lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en Educación Básica y su exposición de motivos.
La consulta pública constituye una oportunidad para que docentes, directores, especialistas, familias y organizaciones interesadas formulen observaciones sobre el contenido y la aplicación de la propuesta.
Este proceso resulta relevante porque las reglas educativas deben responder tanto a principios jurídicos como a las condiciones reales de las instituciones. La disponibilidad de personal, la infraestructura, la conectividad y las diferencias entre zonas urbanas y rurales pueden influir en la implementación de una política pública.
No basta con establecer obligaciones. También es necesario precisar responsabilidades, facilitar orientación técnica y diseñar mecanismos de supervisión que permitan identificar dificultades y corregir problemas de aplicación.
Debe recordarse que la publicación de un proyecto para recibir comentarios no significa que sus disposiciones hayan sido aprobadas definitivamente.
El reto del Estado: autoridad educativa con garantías
Las nuevas normas escolares en Perú plantean una cuestión central para la gestión pública: cómo convertir las disposiciones legales en mejoras concretas para el aprendizaje y la convivencia.
Una regulación puede establecer restricciones y procedimientos, pero sus resultados dependerán de la capacidad de las instituciones para aplicarlos de manera consistente. La formación docente, la comunicación con las familias y la supervisión administrativa son elementos importantes de ese proceso.
También es necesario evitar que la disciplina se interprete exclusivamente como castigo. Las medidas correctivas deben contribuir a preservar la convivencia y el aprendizaje, sin perder de vista su dimensión educativa.
Desde una perspectiva institucional, el Estado tiene la responsabilidad de promover reglas comprensibles, mecanismos de cumplimiento y garantías frente a decisiones arbitrarias. Las familias, por su parte, necesitan información accesible para conocer las obligaciones de los colegios y los derechos de sus hijos.
La participación ciudadana en la discusión de los lineamientos también puede contribuir a identificar problemas antes de que una propuesta se convierta en una disposición definitiva.
LUZ: disciplina escolar dentro del Estado de derecho
El debate sobre el uso de celulares y la disciplina escolar no debería reducirse a una confrontación entre quienes defienden la autoridad de los colegios y quienes reclaman mayores garantías para los estudiantes. La convivencia educativa requiere ambas dimensiones.
Las instituciones necesitan reglas claras para proteger el aprendizaje, mientras que los alumnos deben recibir un trato compatible con sus derechos fundamentales. El desafío consiste en asegurar que las normas se apliquen de forma coherente, proporcional y jurídicamente fundamentada.
En definitiva, una política educativa no se mide únicamente por las prohibiciones que establece, sino también por su capacidad para mejorar las condiciones de aprendizaje, fortalecer la convivencia y generar confianza en las instituciones.
Una escuela democrática no es aquella que carece de disciplina, sino aquella que ejerce su autoridad dentro de la ley y enseña, mediante sus propias decisiones, el valor de los derechos, los deberes y la responsabilidad ciudadana.
Fuentes de referencia: Ministerio de Educación, Diario Oficial El Peruano y Tribunal Constitucional del Perú. Artículo de análisis político y jurídico; no constituye asesoría legal individual.