Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la provincia de Chupaca, en la región Junín. En cuestión de segundos, la rutina se convirtió en tragedia: cinco personas perdieron la vida y alrededor de 200 familias quedaron damnificadas. Detrás de las cifras hay hogares destruidos, proyectos de vida interrumpidos y una población que, una vez más, enfrenta la incertidumbre con más preguntas que respuestas.
Los terremotos no distinguen condición económica, edad ni ideología. Sin embargo, sus consecuencias sí revelan las profundas desigualdades que existen entre quienes cuentan con infraestructura segura y quienes viven en viviendas vulnerables. La naturaleza es inevitable; la magnitud del desastre humano, en muchos casos, no lo es.
Cada emergencia vuelve a poner sobre la mesa una realidad conocida: el Perú sigue reaccionando con mayor rapidez después del desastre que antes de él. Se activan campañas de ayuda, llegan brigadas de rescate y se anuncian evaluaciones de daños. Todo ello es necesario, pero insuficiente si la prevención continúa siendo una prioridad únicamente en los discursos.
La gestión del riesgo de desastres debe dejar de entenderse como una obligación administrativa y convertirse en una política permanente. No basta con simulacros ocasionales ni con planes archivados en oficinas públicas. Se requieren viviendas más seguras, ordenamiento territorial, educación ciudadana y una inversión sostenida que reduzca la vulnerabilidad de las comunidades.
También es momento de reconocer el valor de la solidaridad. En cada tragedia aparecen vecinos que rescatan a vecinos, voluntarios que organizan ayuda y ciudadanos que comparten lo poco que tienen. Esa respuesta colectiva demuestra que la resiliencia de los peruanos sigue siendo una de nuestras mayores fortalezas. Sin embargo, la solidaridad no puede convertirse en el sustituto de un Estado preparado.
Hoy Chupaca necesita apoyo inmediato, pero mañana necesitará reconstrucción, acompañamiento psicológico, reactivación económica y obras que realmente disminuyan el riesgo de futuras emergencias. De lo contrario, el ciclo volverá a repetirse y cada nuevo movimiento telúrico encontrará a miles de familias en las mismas condiciones de vulnerabilidad.
Las cinco vidas perdidas no deben convertirse en un número más dentro de las estadísticas nacionales. Son un recordatorio de que la prevención salva vidas y de que la planificación no puede seguir esperando al próximo desastre. La tierra seguirá moviéndose; lo que no debería seguir igual es nuestra capacidad para proteger a quienes viven sobre ella.
